El TSJN pidió que se jubilase por «incapacidad permanente» al juez «singular» de ‘La Manada’

El juez que absolvió a ‘La Manada’ en su voto particular a la sentencia del caso, Ricardo Gonzalez, logró eludir que se le abriera un expediente de jubilación por incapacidad permanente en 2008 a iniciativa del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), después de llevar más de un año de baja laboral no relacionada con ningún accidente o lesión física, según fuentes de la judicatura consultadas por OKDIARIO.

El presidente del TSJN informó a la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que abriera el proceso de jubilación por incapacidad permanente después de que el magistrado llevara al menos 14 meses de baja por enfermedad, renovada mes a mes por la comisión permanente del CGPJ, «con derecho al percibo de retribuciones básicas y por razón de familia, sin perjuicio de las prestaciones complementarias que procedan con arreglo al régimen de seguridad social aplicable». Estas prórrogas de licencia por enfermedad eran comunicadas «a la Gerencia correspondiente y a la Mutualidad General Judicial».

Poco después el magistrado recuperó el alta laboral, se reincorporó a su puesto y el riesgo de jubilación por incapacidad permanente decayó.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, aseguró tras la sentencia de ‘La Manada’ que «todos en la carrera judicial saben que [Ricardo González] tiene un problema singular».

Cuando estuvo afectado por el largo período de baja, González ya había acumulado siete expedientes disciplinarios con seis sanciones, una de las cuales le acarreó una suspensión de seis meses por una falta muy grave.

Dos años para una causa

El magistrado había necesitado más de dos años para resolver una causa de separación y divorcio en el año 2000. La sanción fue confirmada posteriormente por el Tribunal Supremo. González había incurrido en retraso injustificado y reiterado en la tramitación del proceso. Se le sancionó también por la ignorancia inexcusable en el cumplimiento de los deberes judiciales.

Antes de llegar a esta suspensión de funciones, el juez del voto particular en la sentencia de ‘La Manada’ había acumulado cuatro expedientes disciplinarios resueltos con sanción de multa todos ellos.

El CGPJ renovó durante al menos 14 meses consecutivos la baja por enfermedad del magistrado

El primer expediente (9/96) data de 1996. Se saldó con una sanción de 200.000 pesetas de multa por una falta grave: incumplimiento injustificado y reiterado del horario de audiencia pública y la inasistencia injustificada a los actos procesales con audiencia pública que estuvieren señalados, cuando no constituya falta muy grave (artículo 418.10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

En ese mismo año, al juez Ricardo González se le abrió un segundo expediente (32/96) por la misma falta grave. Concluyó con una multa de 55.000 pesetas.

El tercer expediente (24/98) llegó dos años después y acarreó dos sanciones. El juez que ha alcanzado notoriedad pública por el caso de ‘La Manada’ fue multado con 50.001 pesetas por falta grave del artículo 418.11 de la LOPJ: González incurrió en retraso injustificado en la iniciación y tramitación de los procesos y causas que conocía en el ejercicio de su función. Asimismo, fue sancionado con la advertencia de una falta leve por incumplimiento injustificado de los plazos legalmente establecidos para dictar resolución (artículo 419.3).

Al año siguiente, un nuevo expediente (51/99) disciplinario, el cuarto de su carrera, se cerró con 600 euros de sanción.

Una marca insólita

Después llegarían dos expedientes más, saldados esta vez sin sanción, para alcanzar un marca difícil de igualar en la judicatura española: siete expedientes y seis sanciones, balance que convierte al juez del voto particular de la sentencia de ‘La Manada’ en uno de los magistrados más penalizados de la carrera judicial.

De lo extraordinario que son los expedientes disciplinarios en el poder judicial, y más aún, las sanciones, dan idea los siguientes datos: de las 13.500 quejas y denuncias que recibió el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en 2015 y las más de 11.500 en 2016, el CGPJ solo llegó a incoar expediente disciplinario en 34 casos en 2015 y en 41 en 2016. Y sólo 15 cada año conllevaron una sanción.